Delitos contra la Administración Pública: Tipos, Penas y Casos

La prevaricación es un delito que comete un funcionario público cuando, a sabiendas, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo.

Es decir, el funcionario actúa de manera contraria a la ley y a sabiendas de ello. Este delito puede ser sancionado con penas de inhabilitación para empleo o cargo público y, en algunos casos, con multa.

Este delito se produce cuando un funcionario público abandona su destino sin autorización o sin causa justificada, causando perjuicio al servicio público.

Las penas aplicables a este delito incluyen la suspensión de empleo o cargo público y, en casos más graves, la inhabilitación para empleo o cargo público.

El delito de desobediencia se produce cuando un funcionario público se niega abierta y reiteradamente a cumplir las órdenes, instrucciones o mandatos de un superior jerárquico.

Las penas aplicables a este delito incluyen la suspensión de empleo o cargo público y, en casos más graves, la inhabilitación para empleo o cargo público.

El delito de denegación de auxilio se produce cuando un funcionario público, requerido por autoridad competente, se niega sin causa justificada a prestar el auxilio necesario para el ejercicio de las funciones de dicha autoridad.

Este delito puede ser sancionado con penas de suspensión de empleo o cargo público.

Este delito se produce cuando un funcionario público, encargado de la custodia de documentos públicos, los sustrae, destruye, oculta o inutiliza, causando perjuicio al servicio público o a terceros.

Las penas aplicables a este delito incluyen la inhabilitación para empleo o cargo público, multa e, incluso, prisión en casos más graves.

El delito de violación de secretos se produce cuando un funcionario público revela secretos o informaciones de carácter reservado, de los que haya tenido conocimiento por razón de su cargo, causando perjuicio al servicio público o a terceros.

Las penas aplicables a este delito incluyen la inhabilitación para empleo o cargo público, multa e, incluso, prisión en casos más graves.

El cohecho es un delito que se produce cuando un funcionario público recibe, solicita u acepta un regalo, favor, promesa o cualquier otra ventaja para realizar, retrasar o dejar de realizar un acto propio de su cargo o un acto contrario a sus deberes.

El cohecho también se produce cuando un particular ofrece, promete o entrega un regalo, favor, promesa o cualquier otra ventaja a un funcionario público con el mismo fin.

El cohecho pasivo se produce cuando un funcionario público recibe, solicita u acepta un regalo, favor, promesa o cualquier otra ventaja para realizar, retrasar o dejar de realizar un acto propio de su cargo o un acto contrario a sus deberes.

Las penas aplicables a este delito incluyen la inhabilitación para empleo o cargo público, multa e, incluso, prisión en casos más graves.

El cohecho activo se produce cuando un particular ofrece, promete o entrega un regalo, favor, promesa o cualquier otra ventaja a un funcionario público para que realice, retrase o deje de realizar un acto propio de su cargo o un acto contrario a sus deberes.

Las penas aplicables a este delito incluyen la multa e, incluso, prisión en casos más graves.

En el caso del cohecho, tanto en su modalidad pasiva como activa, es necesario que el funcionario y el particular actúen con conocimiento y voluntad de que la conducta realizada es contraria a las normas y a los deberes de la función pública.

El tráfico de influencias se produce cuando un funcionario público, aprovechándose de su posición, influye en otro funcionario o autoridad para obtener un beneficio o ventaja indebida para sí mismo o para terceros.

Este delito consiste en la apropiación, desviación o utilización indebida de fondos, bienes o recursos públicos por parte de un funcionario público, en beneficio propio o ajeno.

Los fraudes y exacciones ilegales se cometen cuando un funcionario público, abusando de su cargo, realiza actos que causan un perjuicio económico a la Administración Pública o a terceros, como la contratación fraudulenta, la concesión de subvenciones irregulares o la exigencia de tributos o tasas no debidos.

Este delito se produce cuando un funcionario público realiza actividades incompatibles con su cargo, como la participación en negocios o contratos relacionados con su función, el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles en su tiempo de trabajo, o la utilización de información privilegiada para fines personales.

El abuso en el ejercicio de funciones y la corrupción política se refieren a conductas de funcionarios públicos que, sin llegar a ser delitos específicos, suponen un ejercicio desviado o abusivo de su posición, generando un menoscabo de la confianza pública y el desprestigio de las instituciones.

Las penas por malversación de caudales públicos pueden incluir prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.

Los delitos de transparencia, como la revelación de secretos o el tráfico de influencias, pueden acarrear penas de prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.

Las penas por cohecho y tráfico de influencias incluyen prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.

La prevaricación y la corrupción política pueden ser sancionadas con penas de prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.

Es fundamental determinar si la conducta atribuida al imputado se ajusta a los elementos del delito y si se dan las circunstancias que excluyen la ilicitud penal.

En algunos casos, pueden existir circunstancias que disminuyan la responsabilidad penal del imputado, como el arrepentimiento efectivo, la reparación del daño causado o la colaboración con la justicia.

Es fundamental presentar pruebas y testigos que respalden la versión del imputado y desvirtúen las acusaciones en su contra.

En algunos casos, las pruebas presentadas por la acusación pueden ser impugnadas por irregularidades en su obtención o en su valoración.

En ciertos casos, puede ser conveniente explorar la posibilidad de alcanzar acuerdos con la Fiscalía, como la conformidad o la suspensión condicional del proceso, para evitar una condena más severa.