Delitos contra la Administración Pública: Tipos, Penas y Casos
Sobre el autor:
Juan Serrano Castán
Fundador Serrano Abogados
Los delitos contra la Administración Pública son aquellos que atentan contra el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y que, por tanto, afectan al interés general de la sociedad.
Estos delitos se encuentran tipificados en el Código Penal y pueden ser cometidos tanto por funcionarios públicos como por particulares.
Su objetivo es proteger el buen funcionamiento de la Administración Pública y garantizar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, lo cual es fundamental en el ámbito del derecho penal.
A continuación, se analizarán los diferentes tipos de delitos contra la Administración Pública y las penas aplicables a cada uno de ellos.
Tabla de contenidos
- 1 Elementos comunes en estos delitos
- 2 Tipos de delitos contra la Administración Pública
- 2.1 Prevaricación
- 2.2 Abandono de destino
- 2.3 Desobediencia
- 2.4 Denegación de auxilio
- 2.5 Infidelidad en la custodia de documentos
- 2.6 Violación de secretos
- 2.7 Cohecho
- 2.8 Tráfico de influencias
- 2.9 Malversación de caudales públicos
- 2.10 Fraudes y exacciones ilegales
- 2.11 Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos
- 2.12 Abuso en el ejercicio de funciones y corrupción política
- 2.13 ¿Está enfrentando problemas legales relacionados con la ordenación del territorio?
- 3 Penas aplicables a los delitos contra la Administración Pública
- 4 ¿Necesitas un abogado especialista en delitos contra la Administración Pública?
- 5 Estrategias de defensa y aspectos clave en estos casos
- 6 Conclusión
Elementos comunes en estos delitos
En general, los delitos contra la Administración Pública tienen como elemento común la intervención de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
Este funcionario puede ser autor, cómplice o encubridor del delito. Además, en muchos casos, la participación de particulares también es relevante, ya que pueden ser coautores o instigadores del delito.
Otro elemento común en este tipo de delitos es la intención de obtener un beneficio propio o para un tercero, aunque no siempre es necesario que dicho beneficio se materialice para que se considere cometido el delito.
Por último, estos delitos suelen causar un perjuicio al interés general, ya que afectan al buen funcionamiento de la Administración Pública.
Tipos de delitos contra la Administración Pública
Prevaricación
La prevaricación es un delito que comete un funcionario público cuando, a sabiendas, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Es decir, el funcionario actúa de manera contraria a la ley y a sabiendas de ello. Este delito puede ser sancionado con penas de inhabilitación para empleo o cargo público y, en algunos casos, con multa.
Abandono de destino
Este delito se produce cuando un funcionario público abandona su destino sin autorización o sin causa justificada, causando perjuicio al servicio público.
Las penas aplicables a este delito incluyen la suspensión de empleo o cargo público y, en casos más graves, la inhabilitación para empleo o cargo público.
Desobediencia
El delito de desobediencia se produce cuando un funcionario público se niega abierta y reiteradamente a cumplir las órdenes, instrucciones o mandatos de un superior jerárquico.
Las penas aplicables a este delito incluyen la suspensión de empleo o cargo público y, en casos más graves, la inhabilitación para empleo o cargo público.
Denegación de auxilio
El delito de denegación de auxilio se produce cuando un funcionario público, requerido por autoridad competente, se niega sin causa justificada a prestar el auxilio necesario para el ejercicio de las funciones de dicha autoridad.
Este delito puede ser sancionado con penas de suspensión de empleo o cargo público.
Infidelidad en la custodia de documentos
Este delito se produce cuando un funcionario público, encargado de la custodia de documentos públicos, los sustrae, destruye, oculta o inutiliza, causando perjuicio al servicio público o a terceros.
Las penas aplicables a este delito incluyen la inhabilitación para empleo o cargo público, multa e, incluso, prisión en casos más graves.
Violación de secretos
El delito de violación de secretos se produce cuando un funcionario público revela secretos o informaciones de carácter reservado, de los que haya tenido conocimiento por razón de su cargo, causando perjuicio al servicio público o a terceros.
Las penas aplicables a este delito incluyen la inhabilitación para empleo o cargo público, multa e, incluso, prisión en casos más graves.
Cohecho
El cohecho es un delito que se produce cuando un funcionario público recibe, solicita u acepta un regalo, favor, promesa o cualquier otra ventaja para realizar, retrasar o dejar de realizar un acto propio de su cargo o un acto contrario a sus deberes.
El cohecho también se produce cuando un particular ofrece, promete o entrega un regalo, favor, promesa o cualquier otra ventaja a un funcionario público con el mismo fin.
Cohecho pasivo (del funcionario)
El cohecho pasivo se produce cuando un funcionario público recibe, solicita u acepta un regalo, favor, promesa o cualquier otra ventaja para realizar, retrasar o dejar de realizar un acto propio de su cargo o un acto contrario a sus deberes.
Las penas aplicables a este delito incluyen la inhabilitación para empleo o cargo público, multa e, incluso, prisión en casos más graves.
Cohecho activo (del particular)
El cohecho activo se produce cuando un particular ofrece, promete o entrega un regalo, favor, promesa o cualquier otra ventaja a un funcionario público para que realice, retrase o deje de realizar un acto propio de su cargo o un acto contrario a sus deberes.
Las penas aplicables a este delito incluyen la multa e, incluso, prisión en casos más graves.
Disposiciones comunes al cohecho
En el caso del cohecho, tanto en su modalidad pasiva como activa, es necesario que el funcionario y el particular actúen con conocimiento y voluntad de que la conducta realizada es contraria a las normas y a los deberes de la función pública.
Tráfico de influencias
El tráfico de influencias se produce cuando un funcionario público, aprovechándose de su posición, influye en otro funcionario o autoridad para obtener un beneficio o ventaja indebida para sí mismo o para terceros.
Malversación de caudales públicos
Este delito consiste en la apropiación, desviación o utilización indebida de fondos, bienes o recursos públicos por parte de un funcionario público, en beneficio propio o ajeno.
Fraudes y exacciones ilegales
Los fraudes y exacciones ilegales se cometen cuando un funcionario público, abusando de su cargo, realiza actos que causan un perjuicio económico a la Administración Pública o a terceros, como la contratación fraudulenta, la concesión de subvenciones irregulares o la exigencia de tributos o tasas no debidos.
Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos
Este delito se produce cuando un funcionario público realiza actividades incompatibles con su cargo, como la participación en negocios o contratos relacionados con su función, el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles en su tiempo de trabajo, o la utilización de información privilegiada para fines personales.
Abuso en el ejercicio de funciones y corrupción política
El abuso en el ejercicio de funciones y la corrupción política se refieren a conductas de funcionarios públicos que, sin llegar a ser delitos específicos, suponen un ejercicio desviado o abusivo de su posición, generando un menoscabo de la confianza pública y el desprestigio de las instituciones.
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Penas aplicables a los delitos contra la Administración Pública
Las penas por delitos contra la Administración Pública varían según la gravedad y las circunstancias concretas de cada caso.
Algunas de las penas más comunes incluyen:
Penas por malversación
Las penas por malversación de caudales públicos pueden incluir prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.
Penas por delitos de transparencia
Los delitos de transparencia, como la revelación de secretos o el tráfico de influencias, pueden acarrear penas de prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.
Penas por cohecho y tráfico de influencias
Las penas por cohecho y tráfico de influencias incluyen prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.
Penas por prevaricación y corrupción política
La prevaricación y la corrupción política pueden ser sancionadas con penas de prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.
¿Necesitas un abogado especialista en delitos contra la Administración Pública?
Si te enfrentas a una acusación por delitos contra la Administración Pública, es fundamental contar con el apoyo y la asesoría de un abogado especializado en derecho penal. En Serrano Abogados te ayudaremos a entender el alcance de las imputaciones, diseñaremos una estrategia de defensa adecuada y te acompañaremos durante todo el proceso judicial.
Estrategias de defensa y aspectos clave en estos casos
Cada caso de delitos contra la Administración Pública es diferente, por lo que es fundamental adaptar la estrategia de defensa a las circunstancias concretas.
Algunos aspectos clave a tener en cuenta son:
Analizar la tipicidad y la antijuridicidad del hecho
Es fundamental determinar si la conducta atribuida al imputado se ajusta a los elementos del delito y si se dan las circunstancias que excluyen la ilicitud penal.
Evaluar la existencia de atenuantes o eximentes
En algunos casos, pueden existir circunstancias que disminuyan la responsabilidad penal del imputado, como el arrepentimiento efectivo, la reparación del daño causado o la colaboración con la justicia.
Aportar pruebas y testigos
Es fundamental presentar pruebas y testigos que respalden la versión del imputado y desvirtúen las acusaciones en su contra.
Impugnar la validez de las pruebas en su contra
En algunos casos, las pruebas presentadas por la acusación pueden ser impugnadas por irregularidades en su obtención o en su valoración.
Negociar acuerdos con la Fiscalía
En ciertos casos, puede ser conveniente explorar la posibilidad de alcanzar acuerdos con la Fiscalía, como la conformidad o la suspensión condicional del proceso, para evitar una condena más severa.
Conclusión
Los delitos contra la Administración Pública son una realidad en el ámbito del derecho penal, y su persecución y sanción son fundamentales para garantizar la integridad y el buen funcionamiento de las instituciones públicas.
Para enfrentar una acusación por este tipo de delitos, es crucial contar con el apoyo de un abogado especializado y diseñar una estrategia de defensa adaptada a las circunstancias del caso.
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