El Principio de precaución
Uno de los pilares de las políticas en materia en materia de salud pública es el <principio de precaución>, recogido en el artículo 3.d) de la Ley General de Salud Pública, principio de precaución que debe aplicarse ante “la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran.”
De este precepto legal se infiere con claridad, que los expertos que asesoran a las autoridades sanitarias competentes en caso de duda o incertidumbre científica sobre la efectiva existencia de un riesgo (o sobre su gravedad, alcance y magnitud), el principio de precaución fuerza a adoptar siempre medidas preventivas que sirvan para proteger a la población. Todo lo contrario que se hizo en nuestro país en la gestión del COVID-19.
Todos sabíamos que se había aislado a la provincia de Hubei, y a su capital Wuhan, la ciudad más poblada del centro de china. Se sabía que el virus tenía una gran capacidad de contagio y que era muy lesivo. De hecho, se construyeron hospitales en diez días para aislar a los infectados y se paralizó la segunda economía mundial. No hace falta ser especialmente brillante para entender que algo grave estaba pasando. Tampoco era difícil de prever que en un mundo tan globalizado como el actual y con las amplias relaciones comerciales, turísticas, y de residentes chinos en nuestro país, el virus viniera a España.
No se trataba de una gripe, como pretendían hacernos creer, y como ya había advertido la OMS, era diferente y mortal, estaba causando estragos en la salud pública y en la economía de China, y los países limítrofes estaban actuando tajantemente para evitar la expansión del virus, países de los que, por cierto, no quisimos aprender nada. Una realidad que se estaba, prácticamente, reproduciendo en streaming, que teníamos delante de nuestras narices, ninguna atención se le prestó porque no interesó a la agenda política del Gobierno. Les toca ahora afrontar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por la mayor negligencia política que se ha producido en la reciente historia de España.