La tardía respuesta del Gobierno a la crisis del coronavirus y la responsabilidad patrimonial de la Administración

No solo somos nosotros quienes sostenemos la responsabilidad del gobierno por la respuesta tardía a la CRISIS del coronavirus.

Ya se empiezan a escuchar las primeras voces de que la Administración del Estado tiene responsabilidad por la respuesta tardía ofrecida frente a la CRISIS del coronavirus, pues el gobierno tiene el deber de velar por la salud de todos los españoles y el incumplimiento de este deber por omisión, por no actuar en tiempo y forma, hace que surja la responsabilidad patrimonial.

Esta responsabilidad, a nuestro juicio, se extiende a los fallecimientos que se han producido por esta enfermedad, al menos, en la parte que supone el incremento del riesgo de esta enfermedad, por la tardía actuación del gobierno de España.

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ), el 30 de enero, declaró la emergencia internacional provocada por el COVID-19,alertando nuevamente, sobre los efectos de esta pandemia. También, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió de la rápida propagación del virus, recomendando que se limitaran las concentraciones masivas de gente, etc….

Tras estas advertencias, el gobierno permitió, la celebración de conciertos, que se jugasen partidos de fútbol, mítines políticos, como el celebrado en Vista Alegre y alentó a acudir, en toda España, a la Manifestación del 8 de marzo, que reunió en Madrid a más de 150.000 personas, y a varios cientos de miles en el resto de España, ejercicio de imprudencia política que vislumbra la máxima expresión de la negligencia llevada a cabo por quienes nos gobiernan en la gestión de esta CRISIS.

Resulta evidente que el gobierno, tenía conocimiento delCOVID-19 desde finales de enero, y desde ese momento estaba obligado a minimizarle impacto de esta crisis a través de las decisiones que correspondieran. Y no solo no actuó hasta la declaración del estado de alarma, sino que, con anterioridad a tal declaración, alentó a los particulares a acudir a actos masivos, poniendo en riesgo, no solo su salud, sino la de todas las personas con las que entran en contacto.

La conclusión no es otra que esta falta de diligencia del gobierno de la nación determina su responsabilidad patrimonial al permitir la expansión del virus por falta de actuación adecuada, extendiéndose esta responsabilidad a la indemnización por las vidas que ha extinguido el COVID-19.