El artículo 319 del Código Penal es inusualmente concreto en dos cosas. Dice quién responde —promotores, constructores o técnicos directores, nadie más— y parte la pena según dónde se construye: hasta cuatro años de prisión en suelos protegidos o destinados a viales y zonas verdes, y hasta tres en suelo no urbanizable. Y añade dos consecuencias que suelen pesar más que la pena: la demolición y el decomiso de las ganancias.
Respuesta rápida
Construir sin que la obra sea autorizable en suelo destinado a viales, zonas verdes, dominio público o de especial protección se castiga con prisión de año y medio a cuatro años; en suelo no urbanizable, de uno a tres. La multa es de doce a veinticuatro meses o del tanto al triplo del beneficio si este es mayor. Y la demolición se ordena a cargo del autor.
Datos clave
- ■Tres sujetos: promotores, constructores y técnicos directores (art. 319)
- ■Dos suelos, dos penas: hasta 4 años en protegidos; hasta 3 en no urbanizable
- ■La multa persigue el beneficio: del tanto al triplo si supera la multa ordinaria
- ■Art. 319.3: demolición potestativa y motivada; decomiso de ganancias en todo caso
- ■Art. 338: si se afecta a un espacio natural protegido, pena superior en grado
- ■Art. 340: reparar voluntariamente rebaja la pena un grado
En este artículo
Quién responde: tres oficios, no cualquiera
El tipo no usa una fórmula abierta del estilo «el que». Nombra tres posiciones concretas dentro de una obra:
Lo que dice la ley
«[…] a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables […]»
Artículo 319.1 del Código Penal
Esa delimitación es la primera cuestión de cualquier defensa: qué papel ocupaba realmente cada investigado. Ser propietario del terreno no equivale a ser promotor, ni figurar en un contrato convierte a alguien en técnico director. Y a la inversa: quien ejerce de hecho una de esas funciones no queda fuera por no constar formalmente como tal.
A los tres se les impone, además de prisión y multa, inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a cuatro años. Para un arquitecto, un aparejador o una promotora, esa es con frecuencia la consecuencia más dañina, porque suspende la actividad de la que se vive.
Dos suelos, dos penas
| Dónde se construye | Art. | Pena |
|---|---|---|
| Suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público, o lugares con valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural reconocido, o de especial protección | 319.1 | Prisión de 1 año y 6 meses a 4 años + multa + inhabilitación 1-4 años |
| Suelo no urbanizable | 319.2 | Prisión de 1 a 3 años + multa + inhabilitación 1-4 años |
La clasificación del suelo no la hace el Código Penal: la hace la legislación urbanística, que es autonómica, y el planeamiento municipal. Por eso, en la práctica, lo primero que se pide en estos asuntos es la ficha urbanística de la parcela y el planeamiento vigente en la fecha de la obra, no en la de hoy.
Sobre la multa hay un detalle que conviene leer despacio, porque cambia el orden de magnitud: es de doce a veinticuatro meses, «salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior», en cuyo caso pasa a ser del tanto al triplo de ese beneficio. La multa no es una tarifa: persigue lo ganado con la operación.
La palabra que lo decide: «no autorizables»
El artículo no castiga construir sin licencia, sino llevar a cabo obras «no autorizables». La diferencia es de fondo y suele decidir el asunto.
Sin licencia no es lo mismo que no autorizable. Una obra que se ajusta al planeamiento pero se empezó antes de obtener el permiso es una infracción administrativa que normalmente puede legalizarse. Una obra no autorizable es la que el planeamiento no permitiría nunca en ese suelo, con licencia o sin ella. El artículo 319 apunta a la segunda.
De ahí que la pregunta técnica que hay que responder primero no sea «¿tenía licencia?», sino «¿podría haberla tenido?». Y de ahí también que la posibilidad de legalización sea el primer terreno de defensa cuando llega un requerimiento.
Demolición y decomiso de las ganancias
El apartado 3 del artículo 319 contiene las dos consecuencias que más preocupan, y no funcionan igual.
La demolición es potestativa y motivada: los jueces «podrán ordenar», a cargo del autor, la demolición de la obra y la reposición de la realidad física alterada a su estado originario. El Código añade dos cautelas: se hace sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe y, oída la Administración competente, se puede condicionar temporalmente a que se constituyan garantías que aseguren el pago de esas indemnizaciones.
El decomiso, en cambio, es imperativo: «en todo caso se dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar». Esa última frase es la que impide que reinvertir o convertir el beneficio lo ponga a salvo.
Y si quien promueve es una sociedad, el apartado 4 prevé para la persona jurídica multa de uno a tres años o, si el beneficio obtenido fue superior, del doble al cuádruple de ese beneficio, además de las penas que el artículo 33.7 permite imponer.
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Tres reglas comunes que casi nadie aplica aquí
El delito urbanístico está en el mismo título que los delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente. Y ese título termina con tres artículos de disposiciones comunes que hablan de «este Título», de modo que se aplican también al urbanismo aunque casi nunca se citen en este contexto.
| Art. | Qué añade |
|---|---|
| 338 | Si la conducta afecta a un espacio natural protegido, penas superiores en grado |
| 339 | Los jueces ordenarán las medidas para restaurar el equilibrio ecológico, a cargo del autor |
| 340 | Reparar voluntariamente el daño: pena inferior en grado |
La tercera es la más aprovechable y la que antes hay que valorar. El artículo 340 no es una atenuante genérica: impone la pena inferior en grado a quien haya procedido voluntariamente a reparar el daño causado. En urbanismo eso puede traducirse en restituir el terreno antes de la sentencia, y conviene decidirlo con tiempo y dejarlo documentado.
Y el funcionario que lo autoriza
El capítulo no se queda en quien construye. El artículo 320 castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, informa favorablemente instrumentos de planeamiento o licencias contrarias a la normativa urbanística, silencia infracciones detectadas en una inspección u omite inspecciones obligatorias. Y también a quien, por sí o como miembro de un órgano colegiado, resuelve o vota a favor.
La pena es acumulativa: la del artículo 404 —inhabilitación especial de nueve a quince años— además de prisión de año y medio a cuatro años y multa. Lo explicamos en detalle en la página sobre la prevaricación.
Este despacho ha intervenido en asuntos de esta naturaleza en la provincia de Castellón; puedes leer uno de ellos en nuestro comentario sobre el delito contra la ordenación del territorio en la Marjalería de Castellón.
Preguntas frecuentes
Construí sin licencia, ¿es delito?
No necesariamente. El artículo 319 castiga las obras «no autorizables», no las que carecen de licencia pero se ajustan al planeamiento. Si la obra es legalizable, lo normal es un expediente administrativo de restablecimiento de la legalidad; si no lo es, y además está en uno de los suelos que el artículo enumera, entra el terreno penal.
Soy el dueño del terreno, ¿respondo yo?
El tipo nombra a promotores, constructores o técnicos directores. Ser propietario no es, por sí solo, ninguna de esas tres cosas; pero quien impulsa y financia la obra suele actuar como promotor aunque no lo formalice. Lo determinante es la función que se desempeñó realmente, no la etiqueta del contrato.
¿Siempre se acuerda la demolición?
El artículo 319.3 dice que los jueces «podrán ordenar» la demolición, motivadamente y a cargo del autor, oída la Administración competente y sin perjuicio de las indemnizaciones a terceros de buena fe. Es decir, es potestativa y debe razonarse. Lo que sí es imperativo es el decomiso de las ganancias: ahí el Código dice «en todo caso».
¿Me libro del decomiso si ya he vendido o reinvertido?
No. El artículo 319.3 ordena el decomiso de las ganancias provenientes del delito «cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar». La previsión está pensada precisamente para que convertir o reinvertir el beneficio no lo ponga fuera de alcance.
¿Sirve de algo restituir el terreno por mi cuenta?
Sí, y bastante: el artículo 340, aplicable a todo el título, impone la pena inferior en grado a quien haya procedido voluntariamente a reparar el daño causado. No es una atenuante ordinaria, es una rebaja de grado. Conviene valorarlo pronto, documentarlo y coordinarlo con la Administración.
¿Y si la obra afecta a un espacio natural protegido?
La pena sube un grado entero. El artículo 338 dispone que, cuando las conductas de este título afecten a algún espacio natural protegido, se impongan las penas superiores en grado a las respectivamente previstas. Es una agravación que se pasa por alto con frecuencia porque está fuera del artículo 319.
¿Qué pasa con el técnico que firmó?
El técnico director es uno de los tres sujetos del tipo, de modo que puede responder junto al promotor y al constructor. Y a los tres se les impone, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a cuatro años, que para un profesional colegiado suele ser la consecuencia más grave del procedimiento.
¿Era legalizable? Esa es la pregunta
Antes de contestar a un requerimiento conviene saber la respuesta, porque de ella dependen la vía, la pena y la demolición. Conocemos el terreno desde los dos lados: el de la obra y el del ayuntamiento. Primera consulta sin coste.
Juan Serrano Abogados · Desde 1988 · Vila-real y Castellón · Servicio en toda España
Fuentes oficiales consultadas
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Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal
BOE, texto consolidado — Título XVI, capítulo I, «De los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo». Artículo 319.1, obras no autorizables en suelos protegidos, viales y zonas verdes; artículo 319.2, suelo no urbanizable; artículo 319.3, demolición, reposición y decomiso de ganancias; artículo 319.4, personas jurídicas; artículo 320, prevaricación urbanística; artículo 338, agravación por espacio natural protegido; artículo 339, restauración a cargo del autor; artículo 340, rebaja por reparación voluntaria; artículo 404, pena de la prevaricación
Última actualización: septiembre de 2026 — Reescrito sobre el texto consolidado del Código Penal. Se incorporan el artículo 319 con sus cuatro apartados, los tres sujetos del tipo, la distinción entre obra sin licencia y obra no autorizable, el régimen de demolición y decomiso y las disposiciones comunes de los artículos 338 a 340, que la versión anterior no recogía.
Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico personalizado. La calificación depende de la clase de suelo según la legislación urbanística autonómica y el planeamiento vigente en el momento de la obra, y de si esta era o no legalizable, extremos que deben examinarse caso por caso. Si tienes un expediente o un procedimiento abierto, contacta con nuestro despacho.