Acuerdo extrajudicial de pagos: solución legal para cancelar deudas

La Ley Concursal, en su artículo 231, contempla la posibilidad de que los deudores puedan solicitar un acuerdo extrajudicial de pagos como una alternativa para resolver sus deudas.

Este mecanismo tiene como objetivo evitar la vía judicial y fomentar el diálogo entre deudor y acreedores.

El Real Decreto-ley 1/2015 introdujo modificaciones importantes en la Ley Concursal, con el fin de agilizar y mejorar el procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos.

Estas modificaciones incluyeron la simplificación de los trámites, la reducción de plazos y la flexibilización de ciertos requisitos, con el objetivo de facilitar la viabilidad y eficiencia de este mecanismo.

Las personas naturales, tanto particulares como autónomos, que se encuentren en una situación de insolvencia pueden solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos.

Este mecanismo les brinda la oportunidad de negociar y reestructurar sus deudas, evitando así recurrir a los tribunales.

Es importante resaltar que se requiere que el deudor disponga de activos suficientes para cumplir con los compromisos del acuerdo.

Las personas jurídicas, como empresas o sociedades, también pueden beneficiarse del acuerdo extrajudicial de pagos si se encuentran en estado de insolvencia.

Al igual que las personas naturales, deben contar con activos suficientes para cumplir con los pagos establecidos en el acuerdo.

Existen ciertas excepciones que impiden acceder al acuerdo extrajudicial de pagos.

Por ejemplo, aquellas personas con condenas por delitos contra el patrimonio no pueden beneficiarse de este mecanismo.

Además, aquellos que hayan alcanzado acuerdos extrajudiciales de pagos anteriores no podrán solicitarlo nuevamente.

El deudor debe presentar una solicitud detallada donde se incluya información precisa sobre sus activos, ingresos, acreedores, contratos vigentes y gastos mensuales previstos.

En caso de estar casado y obligado a llevar contabilidad, también es necesario proporcionar las cuentas anuales de los últimos tres ejercicios.

Esta documentación es fundamental para evaluar la situación financiera del deudor y determinar la viabilidad del acuerdo extrajudicial de pagos.

Una vez presentada la solicitud, se convoca a los acreedores a una reunión en la cual se intentará llegar a un acuerdo de pago bajo la mediación del concursal.

La convocatoria se realiza por medios de comunicación individual y escrita, excluyendo a los acreedores de derecho público.

Durante esta reunión, se discutirán las propuestas de pago y se analizarán las condiciones para alcanzar un acuerdo beneficioso tanto para el deudor como para los acreedores.

El inicio del procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos conlleva diversas consecuencias para las partes involucradas.

• En primer lugar, se suspenden las ejecuciones de bienes por parte de los acreedores que estén en curso, brindando al deudor un alivio temporal.
• Se paralizan los intereses y penalizaciones por mora que pudieran haberse generado.
• La apertura de este procedimiento no puede utilizarse como causa de resolución o modificación contractual, salvaguardando los derechos del deudor.

Por otro lado, aunque no se detallan en profundidad, existen otros efectos relacionados con la publicidad del proceso y las consecuencias en caso de no alcanzar un acuerdo satisfactorio.

• Análisis de la situación: El mediador concursal examinará detalladamente la situación financiera del deudor, evaluando sus activos, ingresos, deudas y gastos. Esto le permitirá tener una visión clara de la viabilidad del acuerdo de pago y proponer soluciones adecuadas.
• Facilitador de la comunicación: El mediador concursal será el encargado de coordinar las negociaciones entre el deudor y los acreedores. Su objetivo es promover el diálogo y encontrar puntos en común que conduzcan a un acuerdo beneficioso para ambas partes.
• Elaboración y presentación del plan de pagos: Una de las tareas fundamentales del mediador concursal es la elaboración del plan de pagos, teniendo en cuenta la capacidad de pago del deudor y las expectativas de recuperación de los acreedores. Este plan deberá ser presentado ante los acreedores para su aprobación.
• Supervisión del cumplimiento del acuerdo: Una vez que se alcanza un acuerdo de pago, el mediador concursal tiene la responsabilidad de velar por su cumplimiento. Realizará un seguimiento periódico para asegurarse de que las obligaciones se estén cumpliendo de acuerdo con lo pactado.

El mediador concursal desempeña un papel crucial en la búsqueda de un acuerdo de pago entre el deudor y los acreedores.

Su labor consiste en facilitar la comunicación y propiciar la negociación, buscando alcanzar compromisos que permitan satisfacer las necesidades de todas las partes involucradas.

El mediador concursal analizará las situaciones particulares de cada acreedor, evaluando su posición financiera y sus expectativas de recuperación.

Utilizará esta información para proponer alternativas de pago que se ajusten a las capacidades del deudor, buscando alcanzar un equilibrio entre la satisfacción de las deudas y la viabilidad financiera del deudor.

Es importante destacar que el mediador concursal actúa como un facilitador imparcial, respetando los derechos e intereses de todas las partes.

Su objetivo es encontrar soluciones equitativas y buscando el beneficio común, fomentando la resolución pacífica de las deudas y evitando así la vía judicial.

A pesar de que el acuerdo extrajudicial de pagos y la Ley de Segunda Oportunidad comparten el objetivo común de ayudar a las personas a hacer frente a sus deudas, existen diferencias significativas entre ellos.

• El acuerdo extrajudicial de pagos se aplica tanto a personas físicas como a personas jurídicas en estado de insolvencia, siempre y cuando dispongan de activos suficientes para cumplir con los gastos del acuerdo. En cambio, la Ley de Segunda Oportunidad está enfocada en particulares y autónomos que demuestren su incapacidad de cumplir con los pagos.
• Otra diferencia clave radica en los requisitos y procedimientos para acceder a cada uno de estos mecanismos. Mientras que el acuerdo extrajudicial de pagos requiere la presentación de una solicitud detallada con información sobre activos, ingresos, acreedores y gastos mensuales, la Ley de Segunda Oportunidad tiene requisitos específicos que deben cumplirse para obtener la reestructuración o cancelación de las deudas.

A pesar de estas diferencias, ambos mecanismos comparten el objetivo de aliviar la carga financiera de las personas insolventes y ofrecerles una oportunidad de empezar de nuevo.

La Ley de Segunda Oportunidad complementa el acuerdo extrajudicial de pagos al proporcionar una vía adicional para renegociar o liquidar las deudas en situaciones de crisis económica extrema.

La Ley de Segunda Oportunidad establece requisitos específicos que deben cumplirse para acogerse a ella, como la demostración de la imposibilidad de cumplir con los pagos y la buena fe del deudor.

Una vez cumplidos estos requisitos, se pueden obtener beneficios como la exoneración de las deudas o un plan de pagos adaptado a la situación económica del deudor.

El tiempo que puede llevar el procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos puede variar dependiendo de diversos factores.

En general, el proceso se desarrolla en diferentes etapas, como la presentación de la solicitud, la revisión de la documentación y la convocatoria de reunión con los acreedores.

La duración total puede ser de varios meses, dependiendo de la complejidad del caso y la disposición de las partes involucradas.

En caso de que los acreedores no acepten el acuerdo propuesto en la reunión, se considera que no se ha alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos.

En esta situación, el deudor puede optar por otras opciones legales, como acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad o buscar alternativas de negociación con los acreedores de forma individual.

Es importante tener en cuenta que cada caso es único y puede requerir acciones específicas para llegar a una solución satisfactoria.

No, si el deudor tiene condenas previas por delitos contra el patrimonio, no puede solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos.

Esta restricción se establece como una medida para proteger los derechos de los acreedores y garantizar la legalidad del proceso.

Sin embargo, es importante destacar que cada situación es única y es recomendable consultar a un profesional especializado para evaluar las opciones disponibles en casos excepcionales.

La cancelación definitiva de las deudas se produce una vez que se alcanza un acuerdo entre el deudor y los acreedores que establece las condiciones para el pago o la reestructuración de las deudas.

Es importante tener en cuenta que este acuerdo puede incluir descuentos, quitas o plazos de pago particularmente favorables para el deudor. Sin embargo, el contenido exacto del acuerdo dependerá de las circunstancias de cada caso y de las negociaciones entre las partes involucradas.