Delitos económicos: cuáles son según el Código Penal

Por Juan Serrano Castán

Abogado · Colegiado ICACS nº 1192

Conviene empezar por algo que casi nunca se dice: «delito económico» no es una categoría del Código Penal. Es un nombre cómodo de la práctica, pero no existe como rúbrica legal. Lo que el Código tiene son dos títulos —uno sobre el patrimonio y el orden socioeconómico y otro sobre la Hacienda Pública y la Seguridad Social— y dentro de ellos, una lista concreta de delitos con sus artículos y sus penas.

Una categoría que el Código no tiene

Si buscas «delitos económicos» en el Código Penal no encontrarás ese epígrafe. Lo más parecido es el título XIII del libro II, cuya rúbrica completa es «De los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico» —de ahí que también se hable de delitos socioeconómicos—, y el título XIV, «De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social».

Saberlo no es una curiosidad académica: es lo que permite orientarse. Cada uno de esos delitos tiene su propio artículo, sus propios requisitos y su propia pena, y no comparten más que el hecho de mover dinero. La defensa de un alzamiento de bienes no se parece en nada a la de un delito fiscal.

Tipos de delitos económicos y sus implicaciones

Esta es la lista de los que aparecen con más frecuencia en la práctica, con el artículo que los regula y su pena básica.

El título XIII contiene además capítulos que pocos asocian con lo económico y que aparecen en asuntos empresariales: la alteración de precios en concursos y subastas públicas, los delitos relativos al mercado y a los consumidores, los de propiedad intelectual e industrial y la receptación, que comparte capítulo con el blanqueo.

Alzamiento de bienes e insolvencias punibles

Es el terreno donde más se confunde un problema empresarial con un delito, y donde más importa la frontera. El artículo 257 castiga con prisión de uno a cuatro años y multa a quien «se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores», y también a quien realice cualquier acto de disposición que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento de apremio, iniciado o de previsible iniciación.

Esa última expresión es la que sorprende: no hace falta que el embargo exista todavía. Basta con que fuera previsible y con que la operación se hiciera para dejarlo sin efecto.

El artículo 259 va un paso más allá y castiga a quien, encontrándose en situación de insolvencia actual o inminente, oculta o destruye bienes que estarían en la masa del concurso, o realiza actos de disposición que «no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial». En un concurso, lo que separa una decisión de gestión desafortunada de un delito es precisamente esa falta de justificación económica.

Delitos societarios y corrupción en los negocios

El capítulo XIII del título XIII se ocupa de lo que ocurre dentro de una sociedad. Su figura central es el artículo 290: los administradores, de hecho o de derecho, que falseen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la sociedad, a un socio o a un tercero. La pena es de uno a tres años de prisión y multa, y sube a su mitad superior si el perjuicio llega a causarse.

Fíjate en dos detalles. El primero, que alcanza al administrador de hecho, no solo al que figura en el registro. El segundo, que basta con que el falseamiento sea idóneo para causar el perjuicio: no hace falta que llegue a producirse. Junto a él, el artículo 291 castiga a quienes, prevaliéndose de su situación mayoritaria, imponen acuerdos abusivos en perjuicio de los demás socios.

Y hay una figura que suele pasarse por alto porque se confunde con el cohecho: la corrupción en los negocios del artículo 286 bis. Aquí no hay ningún funcionario de por medio; es corrupción entre privados. Castiga al directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa que recibe, solicita o acepta un beneficio no justificado como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la compra o venta de mercancías, la contratación de servicios o las relaciones comerciales, con prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación de uno a seis años y multa del tanto al triplo. Las mismas penas alcanzan a quien ofrece o concede ese beneficio.

Blanqueo de capitales

El artículo 301 es de los más amplios del Código. Castiga a quien adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva —cometida por él o por cualquier tercero—, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. La pena es de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes, y puede añadirse inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o industria de uno a tres años.

Dos rasgos explican por qué aparece en tantos procedimientos. Uno: el delito previo puede haberlo cometido otra persona, de modo que alcanza a quien simplemente recibe o usa el dinero. Dos: la conducta típica incluye poseer y utilizar, no solo mover fondos. Lo que hay que acreditar, y donde se libra la defensa, es el conocimiento del origen.

Hacienda y Seguridad Social: los dos umbrales

El título XIV funciona con cifras exactas, y eso lo hace inusualmente predecible. El artículo 305 exige que la cuota defraudada exceda de 120.000 euros; el artículo 307, que las cuotas defraudadas a la Seguridad Social excedan de 50.000 euros. Por debajo de esas cifras la respuesta es administrativa, no penal. Por encima, la pena es de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de lo defraudado.

Hay una advertencia expresa en ambos artículos que conviene leer con atención: «la mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos». Haber presentado los modelos no cierra la puerta si el fraude se demuestra por otra vía.

Regularizar: la salida que prevé la ley

Los dos delitos del título XIV contienen algo que no existe en el resto: una vía de salida escrita en el propio tipo. El artículo 305.1 castiga «salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4», y el artículo 307.1 dice lo mismo respecto de la Seguridad Social. Regularizar en los términos y plazos que esos apartados fijan excluye la pena.

Es, con diferencia, la decisión más importante y más urgente en este tipo de asuntos, porque la ventana se cierra: los propios apartados condicionan la regularización a que llegue antes de determinadas actuaciones de la Administración o del procedimiento penal. Cuando alguien acude cuando ya ha recibido una notificación de inspección, muchas veces la conversación es otra.

Fuera del título XIV no hay regularización que borre el delito, pero sí atenuantes por reparar el daño, y en los delitos societarios y de corrupción en los negocios la responsabilidad penal de la persona jurídica hace que un programa de cumplimiento eficaz pueda eximir o atenuar la de la empresa.

Preguntas frecuentes

Fuentes oficiales consultadas

• Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal
  BOE, texto consolidado — Título XIII, «De los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico», y título XIV, «De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social». Artículos 248, 252 y 253, defraudaciones; 257, alzamiento de bienes; 259, insolvencias punibles; 286 bis, corrupción en los negocios; 290 y 291, delitos societarios; 301, blanqueo de capitales; 305 y 307, delitos fiscal y contra la Seguridad Social y sus umbrales de 120.000 y 50.000 euros; artículo 131.1, plazos de prescripción